Estas palabras forman parte del relato de Estefanny, joven de Uruguay y representante de la Plataforma NNAPES, que contó su historia en el conversatorio dedicado a la problemática de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, en el marco de las Jornadas Conmemorativas por los 10 años del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Chiapas.

La instancia fue organizada por la investigadora Corina Giacomello, integrante del Grupo de investigación de Política Criminal del Instituto. Giacomello comentó que este “es un tema que está bastante invisible, únicamente pensamos en la persona que está privada de libertad, pocas veces volteamos a ver a las familias que están conformadas por niños, niñas y adolescentes sostenidas por mujeres cuidadoras”.

“La privación de libertad significa la privación de la niñez”, comentó Chiara Altafil, directora de investigaciones en Global Campus Human Rights (Venecia, Italia), quien también participó del conversatorio y presentó el estudio global sobre infancias privadas de libertad.

Este estudio busca reconciliar el ejercicio de los derechos con el sistema de justicia penal, desde la prisión preventiva, la sentencia, la separación y la reinserción, señaló Altafil.

Entre sus conclusiones, la investigación indica que las regulaciones estrictas no son efectivas porque no permiten la evaluación cuidadosa entre los distintos intereses que están en juego caso por caso, por lo cual muchos problemas podrían evitarse si se aplican medidas no privativas de libertad.

Desde la Plataforma NNAPES, además de Estefanny, participó Luciano Cadoni, representante de Church World Service América Latina y Caribe, quien presentó el trabajo que la coalición viene realizando, a nivel regional, en cuanto a buenas prácticas en materia de incidencia y sensibilización de la temática.

“Hay mucho por hacer, hay mucho dolor, mucha violencia, muchas acciones y muchas pérdidas que se podrían mitigar si hubieran acciones que se tomaran a su debido tiempo y si quienes tienen que hacer las cosas las hacen”, aseguró Cadoni.

Estefanny: Una historia de resiliencia

Estefanny vivió su adolescencia marcada por el encarcelamiento de su padre. Con 15 años, tuvo que dejar de estudiar, hacerse cargo de su hermano menor y dedicarse a proveer de sustento a su familia, ya que su madre estaba enferma y murió al poco tiempo de que su padre fue puesto en prisión. Además de esto, ante la falta de su madre, también fue ella quien tuvo que seguir el caso de su padre a nivel judicial.

“No recibimos ninguna ayuda del Estado, mi madre como estaba enferma no podía trabajar y nosotros nos empezamos a mantener con la recolección de basura, que antes lo hacía mi padre, y como él estaba privado de libertad lo tuve que hacer yo con un vecino del barrio”, recordó.

La joven expresó que fue a partir del apoyo de la organización Gurises Unidos que pudieron salir adelante. “Conocí lo que era un psicólogo gracias a Gurises Unidos”, señaló y agregó que su hermano también contó con ayuda a nivel educativo. Incluso la organización gestionó la posibilidad para que pudieran visitar a su padre tras el fallecimiento de su madre.

“Hoy en día lo hablo con una naturalidad tremenda, porque ya lo viví, lo acepté y lo superé, pero en ese momento querías ir porque era tu padre y hacía una semana que no lo veías, pero no querías ir porque te trataban horrible y no tenías privacidad”, comentó acerca del difícil momento de las visitas a la cárcel.

Actualmente su padre se encuentra en libertad, sin embargo, su pasaje por aquel sitio lo afectó de tal manera que provocó una ruptura del vínculo entre padre e hija: “Cuando salió él, la relación se distanció un poco, no teníamos la misma confianza, teníamos más conflictos, él no consiguió trabajo, tuvo que volver a dedicarse a la recolección de basura, el estado no le brindó nada”.

A pesar de todas las dificultades que ha tenido que vivir, Estefanny y su hermano han salido adelante: “Hoy estoy orgullosa por él, porque pudo terminar de estudiar, trabaja, es papá, me da esa tranquilidad de que se hicieron las cosas bien y que los dos pudimos tomar nuestros caminos a pesar de lo que pasamos 10 años atrás”.

Para ella es fundamental que los estados desarrollen políticas específicas que permitan abordar esta situación desde el momento de las detenciones hasta la salida y reinserción de los familiares. En este sentido, se deben lograr mejores condiciones para las visitas, así como apoyar a las familias a nivel económico y psicológico en el proceso de privación de libertad de sus familiares. También es importante que se aceleren los procesos a nivel judicial, ya que las familias tienen derecho a saber cuánto tiempo estarán privados de libertad sus familiares.

La iniciativa incluyó a 150 integrantes del Sistema Penitenciario de Guatemala, quienes recibieron un taller sobre “Protocolo de atención especializada a niñas, niños y adolescentes con referentes familiares privados de libertad en los diferentes centros de detención preventiva y cumplimiento de condena a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario”. 

Este taller tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y capacidades de los empleados penitenciarios con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de su desempeño laboral y profesional.

La iniciativa se enmarca en los efectos jurídicos contenidos en la sentencia del expediente No. 01174-2020-0649 del proceso especial de protección integral de niños y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos.

La propuesta se dividió en cuatro módulos. En el primero se abordaron los antecedentes, base legal y los conceptos de la temática, mientras en el segundo se habló sobre sentencia, principios rectores y actores responsables. Durante el tercer módulo se abordaron los protocolos y procedimientos para la atención de niñas y niños de 0 a 4 años que cohabitan con sus progenitoras privadas de libertad. Y en el cuarto módulo se trabajó acerca de los protocolos y procedimiento de visitas generales de niñas, niños y adolescentes en centros de privación de libertad.

Durante la actividad participaron representantes del Colectivo Artesana, Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario. La actividad se desarrolló con apoyo del Colectivo Artesana y Unicef.

Fuente: Gobierno de Guatemala

Recientemente se firmó un convenio entre ACIFAD, CWS y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) para velar por las garantías de los los/as niñas, niños y adolescentes que tienen a referentes adultos privados/as de libertad (NNAPES) en procedimientos legales y judiciales que involucran a sus familiares.

En el año 2016, durante la producción del documental Desinvisibilizar, uno de los protagonistas comentó tras terminar la entrevista: “Yo comparto mi historia con ustedes, pero espero que esto ayude a que pase algo”.

Aquella frase quedó resonando en quienes la escucharon y se transformó, al igual que muchas otras cosas que han dicho los/as niñas, niños y adolescentes que tienen a referentes adultos privados/as de libertad (NNAPES), en un “objetivo a seguir”, que pase algo….

Hoy, años después, y gracias al trabajo que se realizó conjuntamente con ACIFAD en espacios locales y nacionales, se podría decir que “algo pasó” o está empezando a pasar.

Desde que CWS empezó a apoyar y liderar acciones de generación de conocimiento, visibilización e incidencia sobre los/as niños, niñas y adolescentes que tienen a referentes adultos privados/as de libertad junto con ACIFAD y el resto de las organizaciones que integran la Plataforma NNAPES, uno de los principales objetivos fue lograr que el tema se incorporara en la agenda de tomadores de decisión y de quienes están encargados de proteger y velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes en general.

La firma del convenio entre ACIFAD, CWS y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), el pasado 21 de marzo, es un gran paso en esa búsqueda, pues el Ministerio Público Tutelar (MPT) tiene como misión “el control de legalidad de los procedimientos, la promoción del acceso a la justicia y el respeto, protección, promoción y satisfacción de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes (NNA) y personas que requieren apoyo para su salud mental” de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hasta el momento, el MPT se focalizaba principalmente en proteger los derechos de NNA que fueran víctimas, testigos o de aquellos que entraban en conflicto con la ley. Ahora, este organismo incluyó también al tema “NNAPES” como un eje en su agenda. Antes, estos casos se atendían, pero solo en situaciones particulares en que alguien las derivara al organismo.

En este proceso, fue crucial el apoyo de la Dra. Noris Pignata, Asesora Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del MPT. Ella ayudó a que esto ocurra con la convicción de que: “Si un Estado toma una decisión legítima, pero que genera un daño en terceras personas que no son los directamente involucrados, el Estado debe tomar todas las precauciones o recaudos para que ese impacto, en este caso en los/as hijos/as de las personas que son privadas de su libertad, sea el menor posible…”

En relación a lo que significa que el MPT tome el tema como eje estratégico, ella comentó: “Esto significa que todas las asesorías del MPT vamos a tener que tener un criterio general de actuación ante todos estos casos y en todas las instancias”. Luego agregó: “Este criterio podrá tener pasos a seguir, como por ejemplo: identificar a los/as niños/as, entender las situaciones, hacer los planteos en el proceso, articular acciones con otros organismos no judiciales del Estado (de la Ciudad de Buenos Aires) para que no se vulneren y/o se garanticen todos los derechos de estos/as NNA y/o, llegado el caso, iniciar acciones judiciales como amparos de vivienda, de becas educativas o cuestiones similares”.

Sumado a lo anterior, la idea también es comenzar a velar por los derechos de estos NNA durante el proceso de ejecución de la pena de los adultos; de manera que su interés superior y sus opiniones sean tenidas en cuenta. “Esto es algo que, en general, no ocurre y que de a poco intentaremos que cambie, ya que lamentablemente, en muchos casos, no se sigue el principio de la “no transcendencia de la pena”.

Más allá de atender casos particulares y acompañar estos procesos, la idea es que a partir del convenio se realicen otras actividades, entre las cuales se destacan la generación de conocimiento y estadísticas sobre el tema, en articulación con otros actores (judiciales y no judiciales), la sensibilización y capacitación de trabajadores comunitarios, de personal de la policía y de otros profesionales (docentes, por ejemplo) que trabajan con estos/as niños y la coordinación de actores con otros organismos de sociedad civil y del Estado en el país.

En este sentido, la Dra. Pignata mencionó que para ella lo que es interesante es: “que el tema se transversalice a lo interno del MPT y que no solo quienes trabajan en lo judicial atiendan el asunto, sino que los equipos multidisciplinarios, que trabajan en el terreno con otras cuestiones de acceso a derecho y en articulación con una infinidad de actores de diferentes jurisdicciones, también lo tengan como prioridad”. 

Por último, destacó la importancia y relevancia que el trabajo de CWS, junto a ACIFAD y la Plataforma NNAPES, ha tenido en los últimos años: “Ustedes le han dado entidad e importancia a esos que eran invisibles”, dijo, “han elaborado una mirada general y si se quiere, regional del tema y sus impactos, lo cual es muy diferente a que lo vea yo sola en un caso y lo presente de esa manera. Porque nosotros lo miramos desde dentro del proceso penal, pero ustedes ven cómo esos procesos judiciales impactan en la vida de estos/as NNA y que hasta ahora, nunca fueron escuchados/as. Ustedes los han puesto, a ellos y sus familias, en un lugar de iguales”.

La semana pasada ya se llevó a cabo la primera reunión de trabajo en el marco del proyecto, que se espera puede alcanzar, acompañar y apoyar a todos/as los/as NNAPES que viven en la Ciudad de Buenos Aires y que además sirva de modelo para otras jurisdicciones tanto en Argentina como en la región.

Fuente: CWS LAC / Autor: Luciano Cadoni, Oficial de Programas de Protección de los Derechos de la Niñez de CWS LAC.

Fotos: MPT 

En representación de la Plataforma NNAPES, los/as adolescentes Cruz Jiménez (Proyecto Caminante, República Dominicana) y Manuel Fleitas (Gurises Unidos, Uruguay) participaron en el foro Sufriendo en las sombras: El impacto del encarcelamiento por drogas en los miembros de la familia.

El evento fue organizado por la Washington Office on Latin America (WOLA), con la colaboración de ChurchWorld Service, del International Drug Policy Consortium, RIMUF, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y nuestra Plataforma NNAPES.

Los adolescentes brindaron sus testimonios sobre el cambio que generó en sus vidas y en las vidas de su familia, contar con un referente adulto privado de libertad.

Cruz realizó recomendaciones para mejorar las cárceles dominicanas, mientras que Manuel contó acerca del proceso para la obtención de la prisión domiciliaria de su madre. Esta sentencia marcó un hecho sin precedentes para la jurisprudencia uruguaya y fue posible gracias al trabajo de incidencia de la sociedad civil junto con la protección de las políticas sociales del país.

En la actualidad, la privación de libertad por delitos de microtráfico afecta particularmente a mujeres y a sus hijos/as, profundizando la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban.

“La cárcel siempre trasciende a la familia y los que están afuera se tienen que hacer cargo. Hay que trabajar doble para proveer de alimentos a la persona que está presa, hay que tener tiempo para ir a los juzgados y también cómo acompañamos a nuestros hijos en esta cuestión”, señaló Andrea Casamento, integrante del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, y además, directora de ACIFAD  e integrante de RIMUF.

Lucía Alvarado de CAIFAM (México), integrante también de la Red de Mujeres Familiares, expresó que los costos son altos, ya que las familias tienen que llevar todo lo necesario para que los/as familiares privados/as de libertad sobrevivan, además, se viven situaciones de vulnerabilidad cuando los/as revisan por parte del personal penitenciario. “La mayoría somos mujeres, se nos estigmatiza y discrimina, tanto por el personal de custodia, como en los juzgados”, remarcó.

En la misma línea, Cruz comentó que le gustaría que mejoraran las cárceles, y que hubiera detectores de metales y de sustancias para que nadie tenga que pasar por la experiencia de revisión. La adolescente también realizó recomendaciones sobre los allanamientos y el momento de detención de los/as familiares. 

Sobre estos temas, Casamento comentó que integrar el Subcomité de Prevención de la Tortura le ha permitido introducir aspectos que el propio organismo no estaba contemplando: “Yo les digo, ‘¿hablan con los familiares en la fila?’ ‘Ah, no nos habíamos dado cuenta’. Los efectos colaterales de la pena están empezando a entrar en los organismos internacionales. Tenemos que llevar las voces a estos organismos para que se conozcan estos problemas”.  

Por su parte, Manuel contó sobre el proceso para la obtención de prisión domiciliaria para su madre, en el cual se puso en relevancia el Interés Superior del Niño. “La separación no solo era posible con mi madre, sino también con mis hermanos, ya que no sabíamos dónde podíamos terminar”, aseguró Manuel.

Sobre la sentencia domiciliaria, Colleta Youngers, Asesora Principal de WOLA, comentó que “puede ser también muy limitante, ya que hay dificultades a las que se encuentran las mujeres si no pueden realizar actividades para mantener a la familia, si no pueden trabajar, se les hace difícil ser madre” e instó a pensar más allá de las medidas domiciliarias.

“No tenemos que romantizar la prisión domiciliaria como una medida absoluta”, señaló Lía Fernández desde la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma NNAPES y añadió que la viabilidad de esta sentencia (haciendo referencia a la situación expresada por Manuel) fue posible porque se aseguraron las condiciones básicas con respecto a la vivienda, alimentación, salud y educación, y que esto fue posible gracias al compromiso y voluntad de los distintos servicios de protección estatal y de sociedad civil.