Esta investigación forma parte del estudio regional Niñez que cuenta, que además de abordar la situación de Uruguay, recoge información de otros siete países de la región (México, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, y Panamá), acerca de la situación de niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados por delitos de drogas menores no violentos. El estudio regional fue coordinado por Church World Service y recibió la asistencia técnica de Gurises Unidos, mientras que el capítulo uruguayo fue realizado por Gurises Unidos en alianza con la Junta Nacional de Drogas de este país.
Corina Giacomello, coordinadora del estudio regional, señaló en la presentación que. “se estima que hay 2.3 millones de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad en la región y más del 20% son NNAPES por políticas de drogas”.
Si bien los delitos de drogas suelen consumarse como no violentos, en Uruguay (al igual que en el resto de los países de la región) casi no hay un trato penal distinto a la privación de la libertad, lo cual contribuye al incremento de la población en situación de encierro. Actualmente, Uruguay cuenta con una de las tasas más altas de prisionalización de América Latina, ubicándose, en 2017, en el lugar 27 entre 222 países del mundo con mayor número de personas privadas de libertad.
En su mayoría, quienes participan en esta modalidad delictiva son hombres jóvenes en situación de pobreza, pero se visualiza un crecimiento sostenido del involucramiento de las mujeres, alcanzando a un 37% de las privadas de libertad. “Son estrategias de sobrevivencia y estos casos tienen que mirarse con perspectiva de género”, señaló Lía Fernández, coordinadora de Gurises Unidos, en la presentación. Este escenario presenta un importante impacto negativo en niños, niñas y adolescentes hijos/as de estas personas.
Por su parte, Esteban De la Torre, coordinador del Área Jurídica del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, puntualizó que los países no terminan de incorporar esta temática en la normativa, por lo cual, exhortó a lograr que las entidades de protección a la niñez y adolescencia incorporen el tema a sus agendas y así transversalizarlo en las diferentes políticas públicas.
“Hay que generar una sensibilización de los jueces para que al momento de una sentencia tengan en cuenta si una persona tiene hijos a cargo”, señaló Eduardo Cavalli, Ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia.
Por su parte, Ana Olivera, subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social remarcó la necesidad de la intersectorialidad de los programas y de generar estrategias de proximidad en los diferentes territorios. En este sentido, Marisa Lindner, presidenta del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay, comentó que “el nudo crítico es cómo abordar el tema de la pobreza en la niñez y la adolescencia a través de las políticas públicas”.
Ana Juanche, Directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, expresó que se está pensando la cárcel con enfoque de derechos humanos: “La cárcel sola no puede, se necesita una política amplia para la prevención, durante la prisionalización y para el egreso”.
