Reunión con autoridades. Foto: Gurises Unidos
La sede de Gurises Unidos recibió a un grupo de decisores de políticas públicas en temáticas de niñez y adolescencia, así como del sistema penitenciario y judicial, para presentarle, en alianza con la Junta Nacional de Drogas, el capítulo uruguayo del estudio “Niñez que cuenta”, acerca de la situación de niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados por delitos de drogas menores no violentos. 

Esta investigación forma parte de un estudio regional que reúne y analiza información de ocho países de la región: México, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Panamá y Uruguay. El estudio regional fue coordinado por Church World Service y recibió la asistencia técnica de Gurises Unidos.

“Los niños, niñas y adolescentes no cometen delitos, nos tratan como si no tuviéramos derechos y nos dejan invisibles”, señaló Estefanny Sessa, joven uruguaya que participó en la presentación del estudio regional, en la OEA (Washington). El testimonio que Estefanny realizó en la OEA volvió a conocerse, pero esta vez fue mediante video y ante la mirada atenta de las autoridades presentes en esta reunión de trabajo.

Las palabras de Estefanny surgieron de su propia experiencia, ya que su vida y la de su hermano cambiaron completamente cuando, años atrás, su padre fue privado de libertad. Su testimonio formó parte de los relatos de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad por delitos de drogas, que están comprendidos en el estudio realizado en Uruguay.

Actualmente, Uruguay cuenta con una de las tasas más altas de prisionalización de América Latina, ubicándose, en 2017, en el lugar 27 entre 222 países del mundo con mayor número de personas privadas de libertad.

Si bien los delitos de drogas suelen consumarse como no violentos, ya que son catalogados como delitos de peligro abstracto, en Uruguay (al igual que en el resto de los países de la región) casi no hay un trato penal distinto a la privación de la libertad, lo cual contribuye al incremento de la población en situación de encierro.

En su mayoría, quienes participan en esta modalidad delictiva son hombres jóvenes en situación de pobreza, pero se visualiza un crecimiento sostenido del involucramiento de las mujeres, particularmente. Este escenario presenta un importante impacto negativo en niños, niñas y adolescentes hijos/as de estas personas.

Tener a un familiar privado de libertad enfrenta a los niños, niñas y adolescentes a múltiples vulnerabilidades como la violencia, la discriminación y la asunción de roles adultos, entre otras problemáticas. “Empecé a salir con el carro, tuve que dejar de estudiar y movilizarme con abogados para ver la pena que le iban a dar [a mi padre]”, expresó Estefanny en la presentación del estudio.

Las autoridades presentes en el encuentro valoraron el aporte que significa esta publicación y la importancia de generar instancias interinstitucionales en un tema que los convoca a todos. 
Entre los planteos, se señaló la complejidad de incorporar la dimensión familiar, así como de niñez y adolescencia en el sistema penitenciario, por lo cual hay una gran ausencia de políticas públicas desde la cárcel que comprendan a las familias. También se expresó que la formación a docentes y operadores penitenciarios es fundamental. En este sentido, el Protocolo de Atención a NNAPES elaborado en 2017, se ha incorporado recientemente a la currícula del Centro de Formación Penitenciara. A estas consideraciones se le suma además la necesidad de que los jueces tengan una mirada sensible ante la temática de NNAPES.

En agosto se prevé la presentación pública de esta investigación en Montevideo. 
Fuente: Gurises Unidos