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| Estefanny realizando su presentación en la OEA |
“Los niños, niñas y adolescentes no cometen delitos, nos tratan como si no tuviéramos derechos y nos dejan invisibles”, señaló Estefanny Sessa, joven uruguaya que participó en la presentación del estudio regional Niñez que cuenta, en la OEA (Washington).
Las palabras de Estefanny surgen de su propia experiencia, ya que su vida y la de su hermano cambiaron completamente cuando, años atrás, su padre fue privado de libertad. Su testimonio formó parte de los 70 relatos de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad por delitos de drogas, que están comprendidos en esta investigación.
Con la coordinación de Church World Service y la colaboración técnica de Gurises Unidos, la publicación compila y analiza información de ocho países de la región: México, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay.
Actualmente, se estima que en América Latina y Caribe hay alrededor de 2.3 millones de niños, niñas y adolescentes con padre o madre privado/a de libertad (NNAPES). Aproximadamente, 450.000 de ellos/as tiene a sus padres encarcelados por delitos de drogas. En los últimos años, en la región se ha dado un incremento de los encarcelamientos por delitos de drogas menores no violentos, lo cual impacta en la vida de las familias de estas personas, que enfrentan múltiples vulnerabilidades. En el caso de los niños, niñas y adolescentes el estudio señala la violencia, discriminación y asunción de roles adultos como algunas de las principales problemáticas. “Empecé a salir con el carro, tuve que dejar de estudiar y movilizarme con abogados para ver la pena que le iban a dar [a mi padre]”, expresó Estefanny en la presentación del estudio.
Sus voces
Este tipo de situaciones, así como el tráfico de drogas y la violencia en la comunidad son naturalizadas por los/as NNAPES. El relato de Gabriela (19 años, Panamá) ejemplifica esta naturalización: “[Mi mamá] nos explicaba que si venía la policía teníamos que salir de la casa, sentarnos en el patio y no decirles nada […], nosotros no debíamos decir nada…”.
A menudo, los niños, niñas y adolescentes tienen que asumir roles adultos como el trabajo y los cuidados de sus hermanos/as, lo cual a veces implica la deserción del sistema educativo. “Que mi papá esté preso ha destruido mi familia. Mi mamá y nosotros hemos pasado muchísimo trabajo, tanto que tuvimos que trasladarnos del pueblo donde vivíamos… Yo no me habría casado siendo adolescente, si no fuera para quitarle a mi mamá la carga de mantenerme a mí y a mis hermanos…No resistía ver a mi mamá con tanta carga y sin dinero”, contó Chanel (17 años, República Dominicana).
Ana (20 años, México) tenía 14 años cuando su vida cambió. “Tuve que dejar todo lo que tenía planeado para enfocarme en cuidar a mis hermanas, francamente dejé mi escuela, dejé a mis amigos, o sea dejé la vida de una adolescente para enfocarme en la vida de una mamá”, relató.
La experiencia de las visitas a la cárcel es una situación de suma complejidad para ellos/as, ya que por un lado está presente la alegría de reencontrarse con sus familiares, pero por otro, sufren situaciones de violencia institucional. “Tenía que desnudarme y ponerme en cuclillas tres veces”, manifestó Rian (16 años, Brasil). Desde Panamá, María (9 años, Panamá) tiene un relato similar: “A mí no me gusta la manera cómo me revisan porque me pueden tocar partes que a mí no me gustan”.
La discriminación es otra de las problemáticas que viven los/as NNAPES por delitos de drogas. “Porque igual algunas veces me lo gritan a mí, pero desde lejos, que soy hija de traficante, porque igual no sólo mi mamá ha sido traficante, toda mi familia, me siento como con rabia porque nada que ver que me digan así, ¡si yo no soy la que trafica!”, expresó Luz (14 años, Chile).
Invisibilización
Además de sufrir múltiples formas de violencia, la investigación indica que los/as NNAPES son a su vez invisibilizados por los Estados. Por esto, el estudio realiza una lista de recomendaciones destinadas a defender y promover los derechos de los niños, niñas, y adolescentes, así como a reformar el sistema de justicia penal en la región.
Las recomendaciones claves para los Estados y los proveedores de servicios incluyen:
- Participación de los niños, niñas y adolescentes, incluidos los/as NNAPES en las discusiones y medidas que los afecten.
- Integración de equipos de psicólogos y trabajadores sociales que brinden atención a los/as NNAPES en los centros educativos.
- Implementación de programas participativos de integración social centrados en la infancia y el género que incluyan a los/as NNAPES.
- Consideración de los impactos de las políticas de drogas en la vida de NNAPES, en discusiones y reuniones de organismos internacionales y regionales de control de drogas.
- Producción y difusión de datos cuantitativos sobre niños, niñas y adolescentes cuyos padres están encarcelados, desglosados por género, y asegurando que esta información sea pública y accesible.
- Asegurar que se apliquen las penas o medidas de precaución menos perjudiciales para el bienestar de los hijos e hijas de las personas acusadas, adoptando una metodología caso por caso y favoreciendo medidas alternativas al encarcelamiento.
- Asegurar que la persona detenida quede encarcelada en un lugar cercano al domicilio de sus hijos, de acuerdo con el artículo 9 y el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Durante la presentación del estudio, Estefanny también realizó sus recomendaciones. Entre estas, señaló la necesidad de brindarle a la persona privada de libertad “las cosas básicas para que las familias no tengan que hacerse cargo”, así como oportunidades laborales para cuando salen de prisión. Además, la joven reclamó erradicar la violencia en el Sistema Penitenciario, y acelerar los procesos de sentencia en el Sistema de Justicia.
