![]() |
| Agregar leyenda |
Page 9 of 20
Esta investigación forma parte del estudio regional Niñez que cuenta, que además de abordar la situación de Uruguay, recoge información de otros siete países de la región (México, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, y Panamá), acerca de la situación de niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados por delitos de drogas menores no violentos. El estudio regional fue coordinado por Church World Service y recibió la asistencia técnica de Gurises Unidos, mientras que el capítulo uruguayo fue realizado por Gurises Unidos en alianza con la Junta Nacional de Drogas de este país.
Corina Giacomello, coordinadora del estudio regional, señaló en la presentación que. “se estima que hay 2.3 millones de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad en la región y más del 20% son NNAPES por políticas de drogas”.
Si bien los delitos de drogas suelen consumarse como no violentos, en Uruguay (al igual que en el resto de los países de la región) casi no hay un trato penal distinto a la privación de la libertad, lo cual contribuye al incremento de la población en situación de encierro. Actualmente, Uruguay cuenta con una de las tasas más altas de prisionalización de América Latina, ubicándose, en 2017, en el lugar 27 entre 222 países del mundo con mayor número de personas privadas de libertad.
En su mayoría, quienes participan en esta modalidad delictiva son hombres jóvenes en situación de pobreza, pero se visualiza un crecimiento sostenido del involucramiento de las mujeres, alcanzando a un 37% de las privadas de libertad. “Son estrategias de sobrevivencia y estos casos tienen que mirarse con perspectiva de género”, señaló Lía Fernández, coordinadora de Gurises Unidos, en la presentación. Este escenario presenta un importante impacto negativo en niños, niñas y adolescentes hijos/as de estas personas.
Por su parte, Esteban De la Torre, coordinador del Área Jurídica del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, puntualizó que los países no terminan de incorporar esta temática en la normativa, por lo cual, exhortó a lograr que las entidades de protección a la niñez y adolescencia incorporen el tema a sus agendas y así transversalizarlo en las diferentes políticas públicas.
“Hay que generar una sensibilización de los jueces para que al momento de una sentencia tengan en cuenta si una persona tiene hijos a cargo”, señaló Eduardo Cavalli, Ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia.
Por su parte, Ana Olivera, subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social remarcó la necesidad de la intersectorialidad de los programas y de generar estrategias de proximidad en los diferentes territorios. En este sentido, Marisa Lindner, presidenta del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay, comentó que “el nudo crítico es cómo abordar el tema de la pobreza en la niñez y la adolescencia a través de las políticas públicas”.
Ana Juanche, Directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, expresó que se está pensando la cárcel con enfoque de derechos humanos: “La cárcel sola no puede, se necesita una política amplia para la prevención, durante la prisionalización y para el egreso”.
![]() |
| Encuentro de CAIFAM, México. |
Fue Andrea Casamento, fundadora de ACIFAD, quien participó en diversos encuentros y reuniones para compartir su experiencia personal y su experiencia de trabajo de acompañamiento a las familias que tienen referentes privados de libertad.
El primero de estos eventos fue en Nueva York y tuvo lugar en el marco de la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 2019), de ONU Mujeres, donde se llevó adelante el evento paralelo “Nada sobre nosotros, sin nosotros: Levantando las voces de niños de padres encarcelados”. Andrea participó en base a la invitación y apoyo de CWS. Lee la nota completa aquí.
Días después se realizó un seminario en México, denominado Más allá de las rejas: Experiencias organizativas de familias de personas privadas de libertad en América Latina. La iniciativa fue organizada por el Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de Libertad (CAIFAM) y participaron también colegas de la Red por los Derechos de Infancia en México, que forma parte de la Plataforma.
![]() |
| Seminario Internacional de Familiares en São Paulo, Brasil. |
“Tanto en Brasil como en México fue una alegría ver que hay familiares que están organizándose”, expresó Andrea y agregó que en estos grupos aún no se piensa en la niñez como una dimensión propia de esta problemática. “En la medida de que vamos a los lugares y hablamos, nos dicen: ‘Ay, en eso no había pensado’”, manifestó Andrea, haciendo referencia que estos encuentros propician la incorporación de la temática NNAPES como una dimensión a explorar.
Durante estos viajes, Andrea participó de diferentes reuniones con organizaciones y organismos. Uno de ellos, en Nueva York, fue con una representante de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. “Es interesante y alentador saber que la Comisión esté empezando a incluir la problemática y perspectiva de los familiares en su trabajo regional sobre género y encarcelamiento” comentó al respecto.
Andrea destacó también que incluso adentro de Argentina se están generando nuevos espacios, ya que desde ACIFAD se realizó un encuentro en Bariloche (Río Negro) en donde la temática de NNAPES no había sido pensada por las organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes.
“Los NNAPES no son niños que no tienen familia, son niños que tienen familia y que tienen una familia particular, es muy difícil pensarlos solos sin entender su contexto familiar”, puntualizó Andrea.
| Reunión con autoridades. Foto: Gurises Unidos |
Esta investigación forma parte de un estudio regional que reúne y analiza información de ocho países de la región: México, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Panamá y Uruguay. El estudio regional fue coordinado por Church World Service y recibió la asistencia técnica de Gurises Unidos.
“Los niños, niñas y adolescentes no cometen delitos, nos tratan como si no tuviéramos derechos y nos dejan invisibles”, señaló Estefanny Sessa, joven uruguaya que participó en la presentación del estudio regional, en la OEA (Washington). El testimonio que Estefanny realizó en la OEA volvió a conocerse, pero esta vez fue mediante video y ante la mirada atenta de las autoridades presentes en esta reunión de trabajo.
Las palabras de Estefanny surgieron de su propia experiencia, ya que su vida y la de su hermano cambiaron completamente cuando, años atrás, su padre fue privado de libertad. Su testimonio formó parte de los relatos de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad por delitos de drogas, que están comprendidos en el estudio realizado en Uruguay.
Actualmente, Uruguay cuenta con una de las tasas más altas de prisionalización de América Latina, ubicándose, en 2017, en el lugar 27 entre 222 países del mundo con mayor número de personas privadas de libertad.
Si bien los delitos de drogas suelen consumarse como no violentos, ya que son catalogados como delitos de peligro abstracto, en Uruguay (al igual que en el resto de los países de la región) casi no hay un trato penal distinto a la privación de la libertad, lo cual contribuye al incremento de la población en situación de encierro.
En su mayoría, quienes participan en esta modalidad delictiva son hombres jóvenes en situación de pobreza, pero se visualiza un crecimiento sostenido del involucramiento de las mujeres, particularmente. Este escenario presenta un importante impacto negativo en niños, niñas y adolescentes hijos/as de estas personas.
Tener a un familiar privado de libertad enfrenta a los niños, niñas y adolescentes a múltiples vulnerabilidades como la violencia, la discriminación y la asunción de roles adultos, entre otras problemáticas. “Empecé a salir con el carro, tuve que dejar de estudiar y movilizarme con abogados para ver la pena que le iban a dar [a mi padre]”, expresó Estefanny en la presentación del estudio.











