En representación de la Plataforma NNAPES, los/as adolescentes Cruz Jiménez (Proyecto Caminante, República Dominicana) y Manuel Fleitas (Gurises Unidos, Uruguay) participaron en el foro Sufriendo en las sombras: El impacto del encarcelamiento por drogas en los miembros de la familia.
El evento fue organizado por la Washington Office on Latin America (WOLA), con la colaboración de ChurchWorld Service, del International Drug Policy Consortium, RIMUF, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y nuestra Plataforma NNAPES.
Los adolescentes brindaron sus testimonios sobre el cambio que generó en sus vidas y en las vidas de su familia, contar con un referente adulto privado de libertad.
Cruz realizó recomendaciones para mejorar las cárceles dominicanas, mientras que Manuel contó acerca del proceso para la obtención de la prisión domiciliaria de su madre. Esta sentencia marcó un hecho sin precedentes para la jurisprudencia uruguaya y fue posible gracias al trabajo de incidencia de la sociedad civil junto con la protección de las políticas sociales del país.
En la actualidad, la privación de libertad por delitos de microtráfico afecta particularmente a mujeres y a sus hijos/as, profundizando la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban.
“La cárcel siempre trasciende a la familia y los que están afuera se tienen que hacer cargo. Hay que trabajar doble para proveer de alimentos a la persona que está presa, hay que tener tiempo para ir a los juzgados y también cómo acompañamos a nuestros hijos en esta cuestión”, señaló Andrea Casamento, integrante del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, y además, directora de ACIFAD e integrante de RIMUF.
Lucía Alvarado de CAIFAM (México), integrante también de la Red de Mujeres Familiares, expresó que los costos son altos, ya que las familias tienen que llevar todo lo necesario para que los/as familiares privados/as de libertad sobrevivan, además, se viven situaciones de vulnerabilidad cuando los/as revisan por parte del personal penitenciario. “La mayoría somos mujeres, se nos estigmatiza y discrimina, tanto por el personal de custodia, como en los juzgados”, remarcó.
En la misma línea, Cruz comentó que le gustaría que mejoraran las cárceles, y que hubiera detectores de metales y de sustancias para que nadie tenga que pasar por la experiencia de revisión. La adolescente también realizó recomendaciones sobre los allanamientos y el momento de detención de los/as familiares.
Sobre estos temas, Casamento comentó que integrar el Subcomité de Prevención de la Tortura le ha permitido introducir aspectos que el propio organismo no estaba contemplando: “Yo les digo, ‘¿hablan con los familiares en la fila?’ ‘Ah, no nos habíamos dado cuenta’. Los efectos colaterales de la pena están empezando a entrar en los organismos internacionales. Tenemos que llevar las voces a estos organismos para que se conozcan estos problemas”.
Por su parte, Manuel contó sobre el proceso para la obtención de prisión domiciliaria para su madre, en el cual se puso en relevancia el Interés Superior del Niño. “La separación no solo era posible con mi madre, sino también con mis hermanos, ya que no sabíamos dónde podíamos terminar”, aseguró Manuel.
Sobre la sentencia domiciliaria, Colleta Youngers, Asesora Principal de WOLA, comentó que “puede ser también muy limitante, ya que hay dificultades a las que se encuentran las mujeres si no pueden realizar actividades para mantener a la familia, si no pueden trabajar, se les hace difícil ser madre” e instó a pensar más allá de las medidas domiciliarias.
“No tenemos que romantizar la prisión domiciliaria como una medida absoluta”, señaló Lía Fernández desde la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma NNAPES y añadió que la viabilidad de esta sentencia (haciendo referencia a la situación expresada por Manuel) fue posible porque se aseguraron las condiciones básicas con respecto a la vivienda, alimentación, salud y educación, y que esto fue posible gracias al compromiso y voluntad de los distintos servicios de protección estatal y de sociedad civil.
