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AUDIENCIA TEMÁTICA CIDH

El pasado lunes 21 de julio de 2025, la Plataforma NNAPES participó en la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulada “Impactos de políticas penitenciarias en niñas, niños y adolescentes con referentes privados de libertad”.

La audiencia reunió a representantes de distintas organizaciones miembro de NNAPES y a integrantes de su Consejo de Vocería, quienes tuvieron una activa participación en la exposición de las problemáticas y propuestas.

Este espacio de incidencia regional tuvo como resultado la aprobación de la Resolución 02/25 de la CIDH: “Los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad”, que constituye un paso fundamental hacia la visibilización y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de privación de libertad de sus referentes.

Te invitamos a profundizar en el contenido de esta resolución en el sitio oficial de la CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/.

Se realizó Foro Regional sobre la temática de NNAPES

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Con la participación de Guatemala, Chile, Panamá, México y Nicaragua, se llevó adelante este foro virtual con el objetivo de compartir buenas prácticas acerca del abordaje de la situación de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad. 

La actividad contó con un amplio   público regional que pudo participar   tanto en la reunión virtual como en la   transmisión a través de las redes   sociales. 

La moderación estuvo a cargo de Erwin Garzona, Respresentante Regional de Church World Service para Centroamérica y Caribe.
Lía Fernández, desde la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma NNAPES, presentó el trabajo de la coalición y subrayó el imperativo de “escuchar a los gurises (NNA) e identificar qué respuestas hay en las instituciones y en el sistema educativo” para poder mejorar la realidad de esta población. Fernández también mencionó los principales efectos que conlleva ser niño, niña o adolescente y tener un familiar privado de libertad, entre los que se encuentra la estigmatización en el sistema educativo y en las comunidades, impactos en la vida emocional y psicológica y cambios en la economía del hogar, entre otros.

“Son sujetos invisibilizados y sus derechos no son tomados en cuenta ni por el sistema de justicia, ni por el sistema penitenciario ni por los sistemas de protección”, señaló y agregó que los niños, niñas y adolescentes expresan su deseo de cambio, pero sin políticas públicas integrales centradas en la niñez, pueden verse obligados a repetir las historias y las circunstancias de sus referentes adultos.

Por su parte, Walter Marroquín, Director de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Municipal de Prevención (COMUPRE), de Guatemala, también dio palabras de bienvenida, mencionando la necesidad de sensibilizar a las instituciones, organizaciones y a la ciudadanía en general. El director agregó que se deben generar acciones para la prevención del riesgo.

Buenas prácticas

La primera presentación fue la de Chile, realizada por Luis Sepúlveda, Director de Desarrollo de Enmarcha, quien contó acerca del trabajo que vienen realizando desde la organización con el programa Abriendo Caminos, enfocado a la población NNAPES. Además, en los últimos años, Enmarcha realizó un proyecto en Panamá, apoyado por Fondo Chile, a través del cual se llevaron adelante tres proyectos piloto.

El primero fue en la escuela Martin Luther King en donde se realizó una intervención y se brindó contención a NNAPES, generando también instancias de participación e incidencia. La segunda intervención tuvo lugar con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMUIP). Allí se trabajó en un proceso de sensibilización comunitaria, señaló Sepúlveda.

El tercer proyecto piloto realizado por Enmarcha fue en el barrio Nueva Gorgona, precisamente en la organización Morada de Restauración, donde se pudo realizar un diagnóstico de cada una de las familias. Sobre este proyecto, Heidi Guevara, Directora de Morada de Restauración, comentó que fue muy impactante observar cómo los niños y niñas tenían reacciones físicas a partir del impacto psicológico que les provocaba abordar este tema, del cual nunca hablaban. No obstante, aseguró la Directora que si bien a muchos niños y niñas les costaba hablar, después lo fueron superando. Por último, Guevara destacó que este proyecto tuvo un buen impacto en la comunidad, y, por ejemplo, en las escuelas, las maestras entienden el tema y lo abordan de forma distinta.

Desde México, Alicia Vargas, de la Red por la defensa de los derechos de infancia y adolescencia de este país (REDIM), presentó las principales acciones de la coalición, que fundamentalmente se orientan a generar incidencia y nuevos conocimientos.

En este sentido, con el apoyo de la Plataforma NNAPES, REDIM realizó un mapeo que involucró a 62 organizaciones mexicanas, en el que se constató la invisibilidad de los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, ya que solamente cinco de estas organizaciones identificaron atender población NNAPES. “Todavía no logramos diseminar el concepto para que vayan realizando acciones”, observó Vargas.

Por su parte, desde Nicaragua, Celina Obando contó acerca del trabajo que se realiza en la organización INPRHU. “Hacemos trabajo desde la comunidad”, comentó Obando y añadió que ser parte de la Plataforma les ha permitido validar las buenas prácticas y trabajar de forma conjunta.

Obando destacó la necesidad de generar factores de protección para estos niños, niñas y adolescentes y señaló que es fundamental promover un trabajo integral, involucrando a las familias para sostener los procesos de intervención.

Desde INPRHU se realiza un trabajo con instituciones y Estado para generar incidencia y sensibilización. En este sentido, en 2019, una de las acciones fue realizar un museo itinerante en diferentes barrios con información sobre esta temática. Además, desde la organización se trabaja fuertemente en procesos de participación juvenil con adolescentes que tienen un familiar privado de libertad.

Por último, Andrea Barrios contó la experiencia de Colectivo Artesana, de Guatemala. “Empezamos trabajando con mujeres privadas de libertad y entendimos que estaban atravesando muchas problemáticas. Muchas incluso desconocían el paradero de sus hijas e hijos”, relató Barrios.

A partir de esta situación, la organización comenzó a trabajar en la temática de NNAPES, logrando en 2016 un Acuerdo Ministerial en el cual se establecen los derechos para esta población. “Consideramos importantes los avances que se han tenido”, apuntó Barrios y añadió que si bien no es sencillo realizar incidencia en este tema, se han logrado espacios interinstitucionales. Actualmente, se prevé comenzar a trabajar con la Municipalidad de Mixco, por lo cual, Barrios consideró que este Foro fue una oportunidad para seguir motivando alianzas en Guatemala.

Desde el Consejo de Derechos Humanos se resalta el trabajo de la Plataforma

En la reunión Nº 44 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue mencionada la labor de la Plataforma, así como el reciente informe sobre los efectos de la privación de libertad en niños, niñas y adolescentes para el caso de América Latina, el cual fue elaborado a partir de una alianza con la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños.
La mención fue realizada a través de la exposición de Lucy Halton, asistente de Programa de Derechos Humanos y Refugiados de Quaker United Nations Office (QUNO), organización que junto a la Plataforma, co-coordina el grupo de trabajo de Child Right Connect sobre la temática de hijos/as de padres encarcelados.
En su intervención, Halton le pregunta a Najat Maalla, Representante Especial sobre la violencia contra los Niños, sobre cómo continuar trabajando a favor de los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, para lo cual Maalla responde acerca de los lineamientos que se seguirán desde su oficina respecto a este tema, a partir del contexto de pandemia.

CWS colabora con familias afectadas por la crisis del COVID19, a través de la Plataforma NNAPES.

Distribución de canastas en un centro de privación de libertad
en Guatemala
La situación de emergencia sanitaria durante los últimos meses en la mayoría de los países de América Latina y Caribe ha dejado una grave crisis económica, impactando en las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran las personas privadas de libertad y sus familiares. 
Es por esto que desde Church World Service, organización integrante de la Plataforma NNAPES, se brindaron recursos económicos para apoyar a las organizaciones miembros en lo que consideraran pertinente. En este sentido, las organizaciones coincidieron en la urgente necesidad de atender el empobrecimiento de las familias con las que trabajan, dado por el desempleo y la falta de posibilidades para cubrir necesidades básicas como alimentación e higiene. Además, las integrantes de la Plataforma señalaron la grave situación en las cárceles y el impacto que esta situación genera en las familias de personas privadas de libertad, particularmente en los niños, niñas y adolescentes, ya que no poder visitar a sus familiares afecta en el vínculo y en su salud mental, sumado también a la incertidumbre y a la ansiedad del contexto general. 
La ayuda humanitaria permitió alcanzar a 196 familias, 34 mujeres privadas de libertad y 115 niños y niñas que viven en las cárceles con sus madres. 
En Chile, la organización Enmarcha preparó 56 canastas de alimentos básicos que fueron distribuidas a familias de la zona Metropolitana y O’Higgins. En estas zonas, la organización constató un fuertemente empobrecimiento, con muchas familias sin ingresos, viviendo hacinadas y con síntomas de ansiedad y miedo. 
El apoyo también llegó a Brasil, en donde Projeto Meninos e Meninas da Rua (PMMR) atiende a población de São Bernardo Do Campo, en el barrio Montanhão, de São Paulo, donde el contagio ya es realidad de varias familias. En esta oportunidad, se distribuyeron canastas y equipamiento de prevención a 23 familias. En estos meses, el trabajo de PMMR también ha sido informar a la población sobre los cuidados para la prevención del COVID-19, evitando el contacto personal y las aglomeraciones. 
Sentimientos de cariño y palabras de agradecimiento llegaron a la organización INPRHU, de parte de las familias de los barrios Tipitapa y Las Torres, de Nicaragua. En este caso, el apoyo de 30 canastas alimentarias y kits de higiene alcanzó a 132 personas entre los que se encuentran niños, niñas, adolescentes y adultos/as. 
Por otro lado, en Guatemala, desde Colectivo Artesana se brindó atención a 34 mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos e hijas adentro de la cárcel, así como a aquellas que están embarazadas. En este sentido, se compró equipo de protección para niños, niñas, madres y mujeres adultas mayores con enfermedades crónicas. También se apoyó con recursos alimentarios para 115 niños y niñas que viven en cárceles de la Ciudad de Guatemala y en otros departamentos del país. 
Artesana, además, elaboró un documento con recomendaciones para el sistema penitenciario al respecto de la prevención del contagio y que contempla el Interés Superior del Niño. A esto se le suma que se han apoyado acciones para el sistema penitenciario para que puedan contar con herramientas y atender así la pandemia. 
En los próximos meses, desde Artesana se lanzará una encuesta sobre la situación de los niños y niñas que están con sus referentes familiares fuera de los centros para asegurar que el estado esté atendiendo sus necesidades. 
En el caso de México, la REDIM apoyó a 25 familias otomís indígenas migrantes que tienen familiares privados de libertad. Se trata de familias provenientes de la comunidad Santiago Mexquititlan, en el municipio de Amealco, del estado de Querétaro, pero actualmente viven un proceso migratorio en la colonia Roma Norte, de la Ciudad de México, que es una de las 5 colonias de la capital que cuenta con mayor contagio por COVID19. 
En Panamá, la organización Morada de Restauración, a través de la REDNANIAP, apoyó a 30 familias de las comunidades de Loma Coba, Nueva Gorgona, Coloncito, las Lajas y Bejuco. En este país, particularmente, hay medidas estrictas de distanciamiento, que afectan la circulación de las personas, por lo que desde Morada se cuenta con un permiso especial para circular. 
Por otro lado, desde República Dominicana, la organización Caminante brindó asistencia a 32 familias de los barrios El Brisar, La K, La Ceiba, Boca Chica y La Caleta, ubicados en el municipio de Boca Chica. En esta zona, el impacto económico también ha sido enorme, ya que la localidad depende mayormente del turismo, la zona franca y las navieras. 
Asimismo, la situación en las cárceles es crítica. Mientras por un lado, las familias sufren ansiedad y nerviosismo por no poder visitar a sus familiares privados de libertad, por otro, el hacinamiento ha provocado la expansión del virus adentro de los recintos, lo cual significó que muchos fueran trasladados a otras cárceles del país. 
Desde ACIFAD, en Argentina, se están diseñando herramientas para mejorar a una comunicación significativa entre padres e hijos/as a través de la herramienta de Whatsapp. Por eso, el equipo está diseñando animaciones dirigidas a padres privados de libertad para generar sensibilización y reflexión respecto a la comunicación con sus hijos, y a la vez, se están diseñando actividades para que puedan realizar con los NNAPES. Este trabajo se realizará con un grupo de padres de la cárcel de Devoto y con el grupo de participación adolescente de la institución. 

“Los niños, niñas y adolescentes privados de libertad o con padres encarcelados se encuentran entre los más marginados del mundo”

Esta afirmación se recoge en el documento denominado Los niños hablan de los efectos de la privación de libertad: el caso de América Latina, que reúne información sobre niños, niñas y adolescentes privados de libertad y sobre aquellos que tienen referentes adultos encarcelados, encontrando así las intersecciones entre dos realidades intrínsecamente ligadas por la violencia. 
Se trata de un informe elaborado a partir de una alianza entre la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños de Naciones Unidas, la Plataforma NNAPES, UNICEF, los gobiernos de Paraguay y Uruguay, y la organización Gurises Unidos
El trabajo se realizó entre 2017 y 2018 cuando se mantuvieron consultas a un total de 504 niños, niñas y adolescentes que o bien estaban privados de libertad o tenían a un referente adulto privado de libertad. 
En cuanto al grupo de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad (NNAPES), se consultaron niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, residentes en Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 
“Los niños privados de libertad o con padres encarcelados se encuentran entre los más marginados del mundo, viven una vida marcada por la violencia y el miedo y ven sus derechos pisoteados sistemáticamente”, señala el informe y acota que los dos grupos tienen en común que sus vidas están condicionadas por la falta de un apoyo parental adecuado y por la violencia, el miedo, la inseguridad y la exclusión social. “La privación de la libertad está ligada intrínsecamente al ciclo de la violencia. El recurso a la violencia está presente en su trayectoria vital, en sus familias, en el momento del arresto y durante toda la reclusión”, añade el documento. 
Invisibles
“Cuando tus padres están en la cárcel, ¿quién te va a ayudar?”, expresa un adolescente chileno que formó parte de la consulta. Una sensación similar tiene otro adolescente de Uruguay: “Somos personas, pero para la sociedad es como si no existiésemos”. 
El encarcelamiento de un familiar tiene efectos negativos en el entorno familiar, impactando en la economía y en el cuidado de los niños y niñas. En la mayor parte de los casos, son los propios niños, niñas y adolescentes quienes tienen que asumir roles adultos, abandonando la educación formal y realizando actividades de trabajo infantil, y muchas veces están expuestos a la vida en calle, a situaciones de violencia, abuso y explotación. A esto se le suma el impacto a nivel psicológico y emocional, así como la estigmatización de su entorno. 
Entre los hallazgos, el estudio señala que muchos niños, niñas y adolescentes privados de libertad tienen también un padre o familiar en prisión. En Uruguay, esta situación se cumple en un 67 % de los casos. El informe afirma que este dato evidencia el ciclo pernicioso que puede desencadenar el ingreso al sistema de justicia en la niñez y esta es una de las razones poderosas por las que urge adoptar medidas de prevención y aplicar el principio de remisión para los menores infractores. 
En este sentido, el documento realiza una serie de recomendaciones a los Estados que se enfocan en la protección de los niños, niñas y adolescentes ante el sistema de penal, en el establecimiento de mecanismos de supervisión y vigilancia, en la capacitación de personal, en la promoción de la sistematización y análisis de datos, y en la colaboración con los actores locales, la sociedad civil y el sector empresarial. Por último, se sugiere una mayor inversión en la niñez y en la adolescencia, recomendación que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

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