Categoría: niños

CWS colabora con familias afectadas por la crisis del COVID19, a través de la Plataforma NNAPES.

Distribución de canastas en un centro de privación de libertad
en Guatemala
La situación de emergencia sanitaria durante los últimos meses en la mayoría de los países de América Latina y Caribe ha dejado una grave crisis económica, impactando en las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran las personas privadas de libertad y sus familiares. 
Es por esto que desde Church World Service, organización integrante de la Plataforma NNAPES, se brindaron recursos económicos para apoyar a las organizaciones miembros en lo que consideraran pertinente. En este sentido, las organizaciones coincidieron en la urgente necesidad de atender el empobrecimiento de las familias con las que trabajan, dado por el desempleo y la falta de posibilidades para cubrir necesidades básicas como alimentación e higiene. Además, las integrantes de la Plataforma señalaron la grave situación en las cárceles y el impacto que esta situación genera en las familias de personas privadas de libertad, particularmente en los niños, niñas y adolescentes, ya que no poder visitar a sus familiares afecta en el vínculo y en su salud mental, sumado también a la incertidumbre y a la ansiedad del contexto general. 
La ayuda humanitaria permitió alcanzar a 196 familias, 34 mujeres privadas de libertad y 115 niños y niñas que viven en las cárceles con sus madres. 
En Chile, la organización Enmarcha preparó 56 canastas de alimentos básicos que fueron distribuidas a familias de la zona Metropolitana y O’Higgins. En estas zonas, la organización constató un fuertemente empobrecimiento, con muchas familias sin ingresos, viviendo hacinadas y con síntomas de ansiedad y miedo. 
El apoyo también llegó a Brasil, en donde Projeto Meninos e Meninas da Rua (PMMR) atiende a población de São Bernardo Do Campo, en el barrio Montanhão, de São Paulo, donde el contagio ya es realidad de varias familias. En esta oportunidad, se distribuyeron canastas y equipamiento de prevención a 23 familias. En estos meses, el trabajo de PMMR también ha sido informar a la población sobre los cuidados para la prevención del COVID-19, evitando el contacto personal y las aglomeraciones. 
Sentimientos de cariño y palabras de agradecimiento llegaron a la organización INPRHU, de parte de las familias de los barrios Tipitapa y Las Torres, de Nicaragua. En este caso, el apoyo de 30 canastas alimentarias y kits de higiene alcanzó a 132 personas entre los que se encuentran niños, niñas, adolescentes y adultos/as. 
Por otro lado, en Guatemala, desde Colectivo Artesana se brindó atención a 34 mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos e hijas adentro de la cárcel, así como a aquellas que están embarazadas. En este sentido, se compró equipo de protección para niños, niñas, madres y mujeres adultas mayores con enfermedades crónicas. También se apoyó con recursos alimentarios para 115 niños y niñas que viven en cárceles de la Ciudad de Guatemala y en otros departamentos del país. 
Artesana, además, elaboró un documento con recomendaciones para el sistema penitenciario al respecto de la prevención del contagio y que contempla el Interés Superior del Niño. A esto se le suma que se han apoyado acciones para el sistema penitenciario para que puedan contar con herramientas y atender así la pandemia. 
En los próximos meses, desde Artesana se lanzará una encuesta sobre la situación de los niños y niñas que están con sus referentes familiares fuera de los centros para asegurar que el estado esté atendiendo sus necesidades. 
En el caso de México, la REDIM apoyó a 25 familias otomís indígenas migrantes que tienen familiares privados de libertad. Se trata de familias provenientes de la comunidad Santiago Mexquititlan, en el municipio de Amealco, del estado de Querétaro, pero actualmente viven un proceso migratorio en la colonia Roma Norte, de la Ciudad de México, que es una de las 5 colonias de la capital que cuenta con mayor contagio por COVID19. 
En Panamá, la organización Morada de Restauración, a través de la REDNANIAP, apoyó a 30 familias de las comunidades de Loma Coba, Nueva Gorgona, Coloncito, las Lajas y Bejuco. En este país, particularmente, hay medidas estrictas de distanciamiento, que afectan la circulación de las personas, por lo que desde Morada se cuenta con un permiso especial para circular. 
Por otro lado, desde República Dominicana, la organización Caminante brindó asistencia a 32 familias de los barrios El Brisar, La K, La Ceiba, Boca Chica y La Caleta, ubicados en el municipio de Boca Chica. En esta zona, el impacto económico también ha sido enorme, ya que la localidad depende mayormente del turismo, la zona franca y las navieras. 
Asimismo, la situación en las cárceles es crítica. Mientras por un lado, las familias sufren ansiedad y nerviosismo por no poder visitar a sus familiares privados de libertad, por otro, el hacinamiento ha provocado la expansión del virus adentro de los recintos, lo cual significó que muchos fueran trasladados a otras cárceles del país. 
Desde ACIFAD, en Argentina, se están diseñando herramientas para mejorar a una comunicación significativa entre padres e hijos/as a través de la herramienta de Whatsapp. Por eso, el equipo está diseñando animaciones dirigidas a padres privados de libertad para generar sensibilización y reflexión respecto a la comunicación con sus hijos, y a la vez, se están diseñando actividades para que puedan realizar con los NNAPES. Este trabajo se realizará con un grupo de padres de la cárcel de Devoto y con el grupo de participación adolescente de la institución. 

“Los niños, niñas y adolescentes privados de libertad o con padres encarcelados se encuentran entre los más marginados del mundo”

Esta afirmación se recoge en el documento denominado Los niños hablan de los efectos de la privación de libertad: el caso de América Latina, que reúne información sobre niños, niñas y adolescentes privados de libertad y sobre aquellos que tienen referentes adultos encarcelados, encontrando así las intersecciones entre dos realidades intrínsecamente ligadas por la violencia. 
Se trata de un informe elaborado a partir de una alianza entre la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños de Naciones Unidas, la Plataforma NNAPES, UNICEF, los gobiernos de Paraguay y Uruguay, y la organización Gurises Unidos
El trabajo se realizó entre 2017 y 2018 cuando se mantuvieron consultas a un total de 504 niños, niñas y adolescentes que o bien estaban privados de libertad o tenían a un referente adulto privado de libertad. 
En cuanto al grupo de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad (NNAPES), se consultaron niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, residentes en Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 
“Los niños privados de libertad o con padres encarcelados se encuentran entre los más marginados del mundo, viven una vida marcada por la violencia y el miedo y ven sus derechos pisoteados sistemáticamente”, señala el informe y acota que los dos grupos tienen en común que sus vidas están condicionadas por la falta de un apoyo parental adecuado y por la violencia, el miedo, la inseguridad y la exclusión social. “La privación de la libertad está ligada intrínsecamente al ciclo de la violencia. El recurso a la violencia está presente en su trayectoria vital, en sus familias, en el momento del arresto y durante toda la reclusión”, añade el documento. 
Invisibles
“Cuando tus padres están en la cárcel, ¿quién te va a ayudar?”, expresa un adolescente chileno que formó parte de la consulta. Una sensación similar tiene otro adolescente de Uruguay: “Somos personas, pero para la sociedad es como si no existiésemos”. 
El encarcelamiento de un familiar tiene efectos negativos en el entorno familiar, impactando en la economía y en el cuidado de los niños y niñas. En la mayor parte de los casos, son los propios niños, niñas y adolescentes quienes tienen que asumir roles adultos, abandonando la educación formal y realizando actividades de trabajo infantil, y muchas veces están expuestos a la vida en calle, a situaciones de violencia, abuso y explotación. A esto se le suma el impacto a nivel psicológico y emocional, así como la estigmatización de su entorno. 
Entre los hallazgos, el estudio señala que muchos niños, niñas y adolescentes privados de libertad tienen también un padre o familiar en prisión. En Uruguay, esta situación se cumple en un 67 % de los casos. El informe afirma que este dato evidencia el ciclo pernicioso que puede desencadenar el ingreso al sistema de justicia en la niñez y esta es una de las razones poderosas por las que urge adoptar medidas de prevención y aplicar el principio de remisión para los menores infractores. 
En este sentido, el documento realiza una serie de recomendaciones a los Estados que se enfocan en la protección de los niños, niñas y adolescentes ante el sistema de penal, en el establecimiento de mecanismos de supervisión y vigilancia, en la capacitación de personal, en la promoción de la sistematización y análisis de datos, y en la colaboración con los actores locales, la sociedad civil y el sector empresarial. Por último, se sugiere una mayor inversión en la niñez y en la adolescencia, recomendación que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

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