Categoría: cárceles

Inscripciones abiertas para representantes de Sociedad Civil: Curso Promoción, protección y ejercicio de derechos de NNAPES

 

A través de nuestra alianza con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA), tenemos el agrado de realizar la segunda edición de esta propuesta formativa. 

La iniciativa tiene por objetivo aportar a la capacitación de los operadores de las instituciones de promoción y protección de derechos de niñez y adolescencia, función judicial y sector penitenciario, así como de otros actores vinculados a la temática, a través de un espacio de intercambio y reflexión en torno a los derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad, permitiéndoles visualizar y jerarquizar las problemáticas específicas de este grupo de atención prioritaria e identificar posibles acciones, de distinto orden, que promuevan y protejan sus derechos.

En esta oportunidad, estamos convocando a educadores/as y operadores/as sociales pertenecientes a organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y Caribe. 

INICIO: 31 de agosto

CULMINACIÓN: 18 de octubre

FICHA TÉCNICA AQUÍ 

INSCRIPCIONES AQUÍ

Adolescentes participan por primera vez en una Audiencia Pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“Somos las voces de más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina y Caribe que
están en esta situación”, expresó David, al finalizar la participación de la Plataforma NNAPES en la Audiencia Pública Virtual de la Corte Interamericana de DerechosHumanos.

Por primera vez en la historia de la Corte, un grupo de adolescentes participó en una instancia de esta naturaleza.

La Plataforma NNAPES estuvo representada por Manuel Fleitas, Federico Acuña (Gurises Unidos, Uruguay) y David Flores (INPRHU, Nicaragua).

Los adolescentes manifestaron los principales impactos que genera tener un/a familiar privado/a de libertad y cuáles son las recomendaciones que deben seguir los Estados para mejorar esta situación.

El grupo abordó aspectos como la estigmatización, la violencia en los allanamientos y en las visitas, los problemas socioeconómicos, así como las condiciones de vulnerabilidad que viven los niños y niñas que viven en las cárceles con sus madres. Además, los adolescentes realizaron recomendaciones a los Sistemas de Justicia, para que consideren los casos particulares y medidas no privativas de la libertad antes de sentenciar a una persona que tiene hijos o hijas.
Al finalizar la Audiencia, los adolescentes tuvieron la posibilidad de intercambiar con el Juez Ricardo Pérez Manrique, quien subrayó el cáracter histórico de esta participación y les consultó sobre cuáles eran sus expectativas con respecto al trabajo de la Corte IDH.

“Me gustaría que los adultos generaran espacios para que les pregunten a los niños lo que opinan”, señaló Manuel. Al respecto, Federico expresó: “Estaría bueno que puedan darse cuenta que atrás de un criminal hay una familia que no tiene la culpa”.

Mira aquí la intervención completa de los adolescentes

Se realizó Foro Regional sobre la temática de NNAPES

                                                 Clic aquí para ver el Foro Regional

Con la participación de Guatemala, Chile, Panamá, México y Nicaragua, se llevó adelante este foro virtual con el objetivo de compartir buenas prácticas acerca del abordaje de la situación de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad. 

La actividad contó con un amplio   público regional que pudo participar   tanto en la reunión virtual como en la   transmisión a través de las redes   sociales. 

La moderación estuvo a cargo de Erwin Garzona, Respresentante Regional de Church World Service para Centroamérica y Caribe.
Lía Fernández, desde la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma NNAPES, presentó el trabajo de la coalición y subrayó el imperativo de “escuchar a los gurises (NNA) e identificar qué respuestas hay en las instituciones y en el sistema educativo” para poder mejorar la realidad de esta población. Fernández también mencionó los principales efectos que conlleva ser niño, niña o adolescente y tener un familiar privado de libertad, entre los que se encuentra la estigmatización en el sistema educativo y en las comunidades, impactos en la vida emocional y psicológica y cambios en la economía del hogar, entre otros.

“Son sujetos invisibilizados y sus derechos no son tomados en cuenta ni por el sistema de justicia, ni por el sistema penitenciario ni por los sistemas de protección”, señaló y agregó que los niños, niñas y adolescentes expresan su deseo de cambio, pero sin políticas públicas integrales centradas en la niñez, pueden verse obligados a repetir las historias y las circunstancias de sus referentes adultos.

Por su parte, Walter Marroquín, Director de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Municipal de Prevención (COMUPRE), de Guatemala, también dio palabras de bienvenida, mencionando la necesidad de sensibilizar a las instituciones, organizaciones y a la ciudadanía en general. El director agregó que se deben generar acciones para la prevención del riesgo.

Buenas prácticas

La primera presentación fue la de Chile, realizada por Luis Sepúlveda, Director de Desarrollo de Enmarcha, quien contó acerca del trabajo que vienen realizando desde la organización con el programa Abriendo Caminos, enfocado a la población NNAPES. Además, en los últimos años, Enmarcha realizó un proyecto en Panamá, apoyado por Fondo Chile, a través del cual se llevaron adelante tres proyectos piloto.

El primero fue en la escuela Martin Luther King en donde se realizó una intervención y se brindó contención a NNAPES, generando también instancias de participación e incidencia. La segunda intervención tuvo lugar con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMUIP). Allí se trabajó en un proceso de sensibilización comunitaria, señaló Sepúlveda.

El tercer proyecto piloto realizado por Enmarcha fue en el barrio Nueva Gorgona, precisamente en la organización Morada de Restauración, donde se pudo realizar un diagnóstico de cada una de las familias. Sobre este proyecto, Heidi Guevara, Directora de Morada de Restauración, comentó que fue muy impactante observar cómo los niños y niñas tenían reacciones físicas a partir del impacto psicológico que les provocaba abordar este tema, del cual nunca hablaban. No obstante, aseguró la Directora que si bien a muchos niños y niñas les costaba hablar, después lo fueron superando. Por último, Guevara destacó que este proyecto tuvo un buen impacto en la comunidad, y, por ejemplo, en las escuelas, las maestras entienden el tema y lo abordan de forma distinta.

Desde México, Alicia Vargas, de la Red por la defensa de los derechos de infancia y adolescencia de este país (REDIM), presentó las principales acciones de la coalición, que fundamentalmente se orientan a generar incidencia y nuevos conocimientos.

En este sentido, con el apoyo de la Plataforma NNAPES, REDIM realizó un mapeo que involucró a 62 organizaciones mexicanas, en el que se constató la invisibilidad de los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, ya que solamente cinco de estas organizaciones identificaron atender población NNAPES. “Todavía no logramos diseminar el concepto para que vayan realizando acciones”, observó Vargas.

Por su parte, desde Nicaragua, Celina Obando contó acerca del trabajo que se realiza en la organización INPRHU. “Hacemos trabajo desde la comunidad”, comentó Obando y añadió que ser parte de la Plataforma les ha permitido validar las buenas prácticas y trabajar de forma conjunta.

Obando destacó la necesidad de generar factores de protección para estos niños, niñas y adolescentes y señaló que es fundamental promover un trabajo integral, involucrando a las familias para sostener los procesos de intervención.

Desde INPRHU se realiza un trabajo con instituciones y Estado para generar incidencia y sensibilización. En este sentido, en 2019, una de las acciones fue realizar un museo itinerante en diferentes barrios con información sobre esta temática. Además, desde la organización se trabaja fuertemente en procesos de participación juvenil con adolescentes que tienen un familiar privado de libertad.

Por último, Andrea Barrios contó la experiencia de Colectivo Artesana, de Guatemala. “Empezamos trabajando con mujeres privadas de libertad y entendimos que estaban atravesando muchas problemáticas. Muchas incluso desconocían el paradero de sus hijas e hijos”, relató Barrios.

A partir de esta situación, la organización comenzó a trabajar en la temática de NNAPES, logrando en 2016 un Acuerdo Ministerial en el cual se establecen los derechos para esta población. “Consideramos importantes los avances que se han tenido”, apuntó Barrios y añadió que si bien no es sencillo realizar incidencia en este tema, se han logrado espacios interinstitucionales. Actualmente, se prevé comenzar a trabajar con la Municipalidad de Mixco, por lo cual, Barrios consideró que este Foro fue una oportunidad para seguir motivando alianzas en Guatemala.

“Los niños, niñas y adolescentes privados de libertad o con padres encarcelados se encuentran entre los más marginados del mundo”

Esta afirmación se recoge en el documento denominado Los niños hablan de los efectos de la privación de libertad: el caso de América Latina, que reúne información sobre niños, niñas y adolescentes privados de libertad y sobre aquellos que tienen referentes adultos encarcelados, encontrando así las intersecciones entre dos realidades intrínsecamente ligadas por la violencia. 
Se trata de un informe elaborado a partir de una alianza entre la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños de Naciones Unidas, la Plataforma NNAPES, UNICEF, los gobiernos de Paraguay y Uruguay, y la organización Gurises Unidos
El trabajo se realizó entre 2017 y 2018 cuando se mantuvieron consultas a un total de 504 niños, niñas y adolescentes que o bien estaban privados de libertad o tenían a un referente adulto privado de libertad. 
En cuanto al grupo de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad (NNAPES), se consultaron niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, residentes en Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 
“Los niños privados de libertad o con padres encarcelados se encuentran entre los más marginados del mundo, viven una vida marcada por la violencia y el miedo y ven sus derechos pisoteados sistemáticamente”, señala el informe y acota que los dos grupos tienen en común que sus vidas están condicionadas por la falta de un apoyo parental adecuado y por la violencia, el miedo, la inseguridad y la exclusión social. “La privación de la libertad está ligada intrínsecamente al ciclo de la violencia. El recurso a la violencia está presente en su trayectoria vital, en sus familias, en el momento del arresto y durante toda la reclusión”, añade el documento. 
Invisibles
“Cuando tus padres están en la cárcel, ¿quién te va a ayudar?”, expresa un adolescente chileno que formó parte de la consulta. Una sensación similar tiene otro adolescente de Uruguay: “Somos personas, pero para la sociedad es como si no existiésemos”. 
El encarcelamiento de un familiar tiene efectos negativos en el entorno familiar, impactando en la economía y en el cuidado de los niños y niñas. En la mayor parte de los casos, son los propios niños, niñas y adolescentes quienes tienen que asumir roles adultos, abandonando la educación formal y realizando actividades de trabajo infantil, y muchas veces están expuestos a la vida en calle, a situaciones de violencia, abuso y explotación. A esto se le suma el impacto a nivel psicológico y emocional, así como la estigmatización de su entorno. 
Entre los hallazgos, el estudio señala que muchos niños, niñas y adolescentes privados de libertad tienen también un padre o familiar en prisión. En Uruguay, esta situación se cumple en un 67 % de los casos. El informe afirma que este dato evidencia el ciclo pernicioso que puede desencadenar el ingreso al sistema de justicia en la niñez y esta es una de las razones poderosas por las que urge adoptar medidas de prevención y aplicar el principio de remisión para los menores infractores. 
En este sentido, el documento realiza una serie de recomendaciones a los Estados que se enfocan en la protección de los niños, niñas y adolescentes ante el sistema de penal, en el establecimiento de mecanismos de supervisión y vigilancia, en la capacitación de personal, en la promoción de la sistematización y análisis de datos, y en la colaboración con los actores locales, la sociedad civil y el sector empresarial. Por último, se sugiere una mayor inversión en la niñez y en la adolescencia, recomendación que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

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