Presentación de la investigación en la Junta Nacional de
 Drogas de Montevideo (Uruguay)

Se trata de un proyecto regional coordinado por la oficina regional de CWS en el que además se han realizado investigaciones de campo en Costa Rica, Chile, República Dominicana, México, Colombia, Brasil y Panamá.
En Uruguay, la investigación es coordinada por la organización Gurises Unidos, la cual realizó una presentación del informe país ante la Junta Nacional de Drogas, organismo que apoyó este aporte al proyecto.
La investigación surgió ante la problemática de que los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad (NNAPES) siguen siendo invisibilizados en los debates actuales sobre políticas de drogas. Se considera que las políticas de drogas afectan a niños, niñas y adolescentes con referentes adultos encarcelados por estos delitos, ya que reducen el acceso a medidas de privación de libertad alternativas.

Por esto, el estudio propone analizar la situación y los desafíos específicos que viven estos niños, niñas y adolescentes, y realizar un dimensionamiento de esta población, así como sensibilizar y desarrollar propuestas enfocadas a mejorar la calidad de vida de los NNAPES.
En América Latina, Uruguay es el sexto país con mayor tasa de prisionalización, ubicándose apenas por debajo de Brasil y por encima de Colombia, Chile y Argentina. Los delitos por droga en este país han tenido un incremento sostenido, subiendo desde un 3,6% en 2005 a un 12% en 2012. No obstante, la mayoría de los condenados por delitos de drogas fueron por marihuana, seguidos por cocaína y pasta base.
Se estima que entre 2013 y 2016, del total de procesados por el delito de tenencia para no consumo, alrededor de un 27% fueron mujeres.

La investigación
Los resultados del estudio realizado en Uruguay son fruto de un trabajo de campo que comprendió tres grupos distintos de participantes: personas privadas de libertad por delitos de drogas con niños, niñas o adolescentes a su cargo; adolescentes con referentes que están o han estado privados de libertad por estos delitos; y familiares que se han hecho cargo de los niños, niñas y adolescentes bajo estas circunstancias.
En sus testimonios, se observa el impacto que genera la privación de libertad en niños, niñas y adolescentes y sus familias, tanto a nivel psicológico, como a nivel económico y comunitario:

“La primera vez que pasó un allanamiento en mi casa tenía 10 años (…) Veía cómo golpeaban a mis hermanos porque les preguntaban cosas y mis hermanos no les decían y veía como a mi madre la encerraban en el baño y la tocaban las mujeres a ver si tenía droga adentro, y todas esas cosas, y no me gustaba”, contó una de las adolescentes entrevistadas.

“No lo hablaba con nadie.(…) solo cuando iba al psicólogo, porque él ya lo sabía”, expresó otro de los adolescentes que participó en la investigación.
El estigma es representado muchas veces mediante el ocultamiento. En la mayoría de los casos dicen no hablar del encierro de su referente, sobre todo en el ámbito educativo.
Entre las conclusiones del estudio, se encontró que las drogas son reconocidas como comunes en los barrios y que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes tienen un vasto conocimiento de las prácticas de tráfico que ocurren en sus entornos, no así de las sustancias y el consumo.

Las dinámicas de las situaciones de detención, tiroteos, allanamientos y megaoperativos son normalizadas por los barrios y la cárcel es una experiencia cercana para estos niños, niñas y adolescentes. Cuando ocurre la privación de libertad de alguno de sus familiares, ellos/as deben asumir nuevos roles, como el cuidado de hermanos/as menores o comenzar a  trabajar para hacer frente  al impacto que esto genera en términos de modificación de la estructura familiar y de la economía del hogar.

Es interesante destacar que, el hecho de que la privación de libertad sea por drogas, hace que ellos tengan más temor al momento de las visitas, tanto los adultos como sus hijos e hijas, debido a que las requisas son más invasivas.

El estudio también señala que los niños, niñas y adolescentes buscan diferenciarse de las prácticas delictivas del mundo adulto pero, a pesar de esto, el policiamiento de la vida cotidiana de los barrios que habitan, hace que sea la misma policía la que deposite sobre ellos el estigma por pertenecer a una familia vinculada al tráfico de drogas.