Autor: NNAPEs (Page 5 of 17)

En Argentina, actualmente, hay más de 100.000 personas privadas de libertad y se estima que hay cerca de 146 mil niños, niñas y adolescentes con al menos un padre o madre detenidos.

El objetivo de esta investigación fue explorar el impacto de la cárcel en la vida de las y los familiares de las personas privadas de libertad, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, y respecto de los modos de vinculación afectiva en ese contexto. 

El estudio fue realizado por la Procuraduría General de la Nación, con la colaboración de CWS y ACiFAD, con el apoyo técnico y financiero de UNICEF Argentina. 

Las principales conclusiones del informe giran en torno a que el encarcelamiento siempre genera un gran sufrimiento y produce transformaciones en adultos y niños, niñas y adolescentes. En este sentido, los allanamientos son definitivamente una primera experiencia de violencia para los niños, niñas y adolescentes​, y además hay diversos factores que obstaculizan el mantenimiento del vínculo afectivo durante la detención,​ pero que también las familias generan estrategias para sostener los vínculos, a pesar de la cárcel.

Puesto que es imprescindible la presencia del estado para garantizar los derechos de todas las personas, el estudio incluye una serie de recomendaciones entre las cuales se destacan:

· Promover reformas en las políticas de persecución y ejecución penal.

· Adoptar medidas para fomentar la vinculación familiar de las personas privadas de libertad.

· Abordar de manera específica la situación de los y las adolescentes privados de libertad.

· Elaborar políticas de inclusión social que consideren el impacto de la cárcel en familias de las personas privadas de libertad y de los niños, niñas y adolescentes en especial.

Se espera que estas y el resto de las recomendaciones que han sido elaboradas, sean un aporte para las diferentes agendas de políticas públicas que se relacionan con la temática.

Descarga el informe completo aquí

Fuente: Procuraduría Penitenciaria de la Nación

Con motivo de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre se realizó en San José de Costa Rica el Panel La Voz de la Niñez y la Adolescencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizado por Fundación Paniamor y la Corte IDH, con el auspicio de Save the Children,

Allí participaron niños, niñas y adolescentes de diferentes países de Latinoamérica, representantes de diferentes redes regionales, con el objetivo de presentar la situación de la niñez y la adolescencia ante diferentes problemáticas entre las que se encuentra la privación de libertad de sus familiares. 

Se trató de una actividad de participación sin precedentes, ya que los/as niños, niñas y adolescentes fueron escuchados/as por los jueces de la Corte IDH y también pudieron intercambiar sobre las temáticas. Fue una instancia interpelante para los adultos que toman las decisiones, ya que los/as adolescentes cuestionaron también los mecanismos de participación. “¿Estamos hablando de consulta o de participación?”, distinguió Keilor, adolescente que auspició de moderador de la jornada, y añadió: “Hay una actividad y los sientan ahí y es para la foto nomás, ¿pero realmente participaron?”. 

Sobre la Convención, Keilor instó a trascender la norma y aplicar sus contenidos en la realidad actual: “¿Qué buscamos con la Convención? ¿Que la tengamos presente o que sea realmente parte de la vida de los niños/as y adolescentes?”.

Desde la Plataforma NNAPES participaron Héctor (Nicaragua) y Esperanza (Chile), quienes presentaron la situación de los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad en América Latina y Caribe. Los/as adolescentes mencionaron la difícil situación que viven los niños, niñas y adolescentes cuando un/a familiar es privado de libertad, manifestando de forma contundente aquellas vivencias adversas a las que se enfrentan por tener una familiar privado de libertad. “Muchas veces somos golpeados y nos apuntan con armas, pero no somos los que cometimos el delito”, señalaron. 

Finalmente, realizaron una serie de recomendaciones a los jueces para disminuir el impacto que genera esta realidad en los niños, niñas y adolescentes.

Llegó a su fin el programa piloto impulsado por la organización Enmarcha en la zona de Nueva Gorgona, Panamá, con la participación de la REDNANIAP y Morada de Restauración. La iniciativa duró dos años y recibió el apoyo de Fondo Chile. 

El programa estuvo destinado a reducir la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad. Participaron de la propuesta un total de 30 niños, niñas y adolescentes y sus familiares. 

Entre las actividades, se destacan talleres formativos quincenales, encuentros familiares con los niños, niñas y adolescentes y sus tutores o cuidadores actuales, así como visitas a sus hogares para el relevamiento de información y el seguimiento. 

En el marco de este proyecto, se realizó el evento denominado “El desafío de poner fin a la violencia contra niños, niñas y adolescentes con familiares privados de libertad”. En esa oportunidad participó la Embajada de Chile en Panamá y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). En el evento se presentó el trabajo realizado con NNAPES y sus familias. En la actividad participaron NNAPES, Gendarmería de Chile, Enmarcha, INPRHU, Colectivo Artesana, REDNANIAP y Morada de Restauración.

El documento se presentó en el XXII Congreso Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes realizado en Cartagena (Colombia) por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos (IIN/OEA). 

Se trata de una Orientación Técnica dirigida a los Estados elaborada por la Plataforma NNAPES en alianza con IIN/OEA, que contiene pautas para abordar la situación de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad. La publicación destaca la importancia del trabajo de los Estados a nivel intersectorial, desde sus distintos sistemas, organizaciones de la sociedad civil y diversos actores sociales, articulando procedimientos y prácticas respetuosas de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que permitan brindar respuestas oportunas y efectivas a la problemática que atraviesan. 

Estas recomendaciones toman como base la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Bangkok, entre otros instrumentos internacionales y legislación interna, y comprenden ámbitos que involucran las políticas públicas de niñez y adolescencia, así como el sistema penitenciario y judicial. 

Una de las pautas propone revisar la normativa vigente en materia procesal penal y de ejecución de la pena, para que se incorpore la perspectiva de protección integral de niños, niñas y adolescentes. También se propone definir protocolos de acciones y procedimientos de las autoridades judiciales ante situaciones de allanamientos y arrestos domiciliarios que involucren a los niños, niñas y adolescentes. 

Otra de las propuestas apunta a la realización de investigaciones sobre la vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación, para que sirvan de insumo a las políticas públicas. 

La sensibilización y la capacitación son dos recomendaciones fundamentales para poder llevar adelante las acciones antes mencionadas. En este sentido, se propone capacitar a operadores, profesionales y agentes de los servicios de policía, justicia, salud, educación y comunitarios. 

Entre las propuestas también se plantea considerar una mayor flexibilidad en las decisiones, reglamentaciones y procedimientos que deban adoptar las autoridades judiciales y penitenciarias respecto de las situaciones que involucren la presencia de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el documento expresa la necesidad de evaluar la concesión de permisos de salida a la madre para ir al hogar, contribuyendo a reforzar los vínculos filiales, así como incluir herramientas relacionadas al ejercicio de la maternidad y la paternidad en los programas de reinserción social. 

Cuando un referente adulto es privado de libertad, cambian los roles en el hogar de los niños, niñas y adolescentes, ya que hay un importante impacto en la economía familiar. Por esto y por otros impactos que se generan a nivel de la familia, el documento propone diseñar o revisar los planes y programas existentes destinados al acompañamiento social, económico y jurídico. 

En el documento también hay recomendaciones que hacen referencia a garantizar la no institucionalización de los niños, niñas y adolescentes, asegurar que estén informados sobre el proceso y preservar su intimidad. 

Este documento pretende ser una contribución a los Estados para que efectivamente incorpore la dimensión específica del impacto de la privación de libertad en los niños, niñas y adolescentes a las políticas dirigidas hacia la niñez y adolescencia.